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Columna        HORA 14

 

Por Mauricio Conde Olivares

 

Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentó el reporte “La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018”, trabajo coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la UDLAP.

“Desde la publicación en 2015 del primer Índice Global de Impunidad, la Universidad de las Américas Puebla ha señalado que la lucha contra la impunidad es el elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y corrupción que afectan a México. El nuevo IGI-MEX 2018 no sólo confirma los resultados presentados por la versión publicada en 2016, muestra también que, al hacer caso omiso de nuestras recomendaciones, las autoridades permitieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– todo el país”, expresó Derbez Bautista.

Mencionó además que la publicación ofrece datos específicos que permitirán diseñar un programa de medidas verificables y evaluables por la sociedad en el combate a la violencia y corrupción que hoy afligen al país. Asimismo, el rector de la UDLAP dio a conocer que en el IGI-MEX 2018 participaron académicos y estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, «con lo que la UDLAP reitera su vocación de excelencia en la investigación y su compromiso social con México y sus ciudadanos en el fortalecimiento del Estado de Derecho», enfatizó el Dr. Derbez Bautista.

Asimismo, recalcó que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad y entender que si quieren combatir la corrupción y la violencia tienen que eliminar la impunidad; siendo ésta la única manera de mejorar los niveles de seguridad, el acceso a la justicia y la protección de derechos humanos en nuestro país. También se requiere invertir, capacitar y mejorar los puntos que se detallan en el Índice Global de Impunidad: «No es un asunto de quién gobierna, es un asunto de cómo se gobierna y se definen prioridades y de qué manera se implementan», subrayó el rector Derbez.

Durante su participación Juan Antonio LeClercq Ortega, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, señaló que la impunidad es un fenómeno que requiere ser estudiado por sí mismo, no sólo acompañado de seguridad, justicia, violencia y corrupción porque retroalimenta y multiplica los efectos de estos problemas, aumenta el nivel de las víctimas y agudiza problemas como la corrupción e incluso la violación a los derechos humanos.

En comparación con los resultados del IGI-MEX 2016, aplicando estrictamente la misma metodología y midiendo las mismas dimensiones y variables, el IGI-MEX 2018 ofrece las siguientes conclusiones:

Estados con impunidad al alza. Estas entidades aumentaron en cinco puntos o más su índice de impunidad: Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), Tamaulipas (+5.49 puntos) y Coahuila (+4.95 puntos).

Estados con los índices más altos de impunidad (diez principales): 1) Estado de México (80.06), 2) Tamaulipas (78.88), 3) Baja California (78.08), 4) Coahuila (77.88), 5) Quintana Roo (77.33), 6) Guerrero (76.08), 7) Aguascalientes (75.85), 8) Veracruz (75.62), 9) Puebla (75.59) y 10) Oaxaca (75.12).

El homicidio no se castiga en México. El porcentaje de encarcelados por homicidio con relación a los homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%.

Estados que prácticamente no tienen sistema de justicia. Debemos recordar que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada cien mil habitantes). El país se encuentra en esta situación por el déficit que presentan dichas instituciones, tanto en los estados, como en el ámbito federal. Las siguientes entidades tienen un número inferior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34), Baja California (2.73), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), Estado de México (2.32), Michoacán (3.2), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5), Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08), Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).

El número de jueces y magistrados por cada cien mil habitantes aumentó marginalmente de 3.5 a 3.59.

México tiene la mitad (50.86%) de los policías preventivos estatales que debería tener como mínimo.

Los ministerios públicos están colapsados: el número de agencias es de 3.53 por cada cien mil habitantes. Su personal disminuyó de 33.9 a 31.19, los agentes de 7.6 a 6.27 y por cada mil delitos registrados la proporción de agentes pasó de 5.31 a 4.97 (todo por cada cien mil habitantes).

El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia pasó de 35.7% a 27.71%, producto de la implementación del sistema de justicia penal.

La proporción entre el personal del sistema penitenciario y el número de reclusos disminuyó en un 15%, pasando de 0.2 en IGI-MEX 2016 a 0.17 en IGI-MEX 2018.

Con 80.06 puntos el Estado de México es la entidad con el índice más alto de impunidad en el país: se registran 202,205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país. Únicamente hay 1,209 sentenciados en primera instancia y sólo el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos.

Por otra parte, y como el miedo no anda en burro, la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña, informó que en un plazo de seis meses los puertos de la entidad serán los primeros de cabotaje en México -con rutas al interior del país-, en contar con el Código Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) que hasta hoy solo se aplica en puertos de altura, que cubren rutas internacionales.

La funcionaria indicó que en días pasados autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron reuniones de trabajo en la Ciudad de México, Playa del Carmen y Cozumel, en las cuales acordaron diversas acciones para reforzar, de manera coordinada, la seguridad de las terminales navieras, como la incorporación de 30 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) para vigilar las instalaciones de la terminal marítima de San Miguel, Cozumel, donde la Apiqroo apoyará con la alimentación y hospedaje de los policías.

El director general de Puertos, Alejandro Hernández Cervantes, gestionó ante el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, el apoyo necesario para realizar un diagnóstico de riesgos en las terminales marítimas de Quintana Roo, mismo que estará a cargo del Instituto de Educación Náutica y Portuaria A. C. (IENPAC), mientras que el Jefe de la UNICAPAM de la SEMAR, Almirante Jorge Manuel Sainz Zamorano, se comprometió a enviar un equipo de expertos para participar en el análisis de riesgo.

Asimismo, señaló que la SCT gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida especial de 40 millones de pesos para el blindaje de las terminales marítimas, a través de la Dirección General de Puertos, para la adquisición de equipo de punta, capacitación de personal para su manejo y adecuaciones en las instalaciones de las terminales portuarias.

La titular de la Apiqroo indicó que la instrucción del gobernador Carlos Joaquín es garantizar la seguridad a los usuarios de las terminales portuarias, pobladores o vacacionistas.

Las medidas fueron acordada por los representantes del Instituto de Educación Náutica y Portuaria A.C. (IENPAC) Capitán de Altura Miguel Ángel Ozuna Rodríguez, de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Capitán Sergio Varela de la Secretaría Federal de Turismo, José Luis Montemayor Jasso, de la Policía Federal Juan Manuel Ayala Guarro, del Ministerio Público de la Federación, Luis Enrique Alférez Kantun, de las navieras y autoridades de ambos municipios, así como la titular de la Apiqoo, Alicia Ricalde Magaña, empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

 

 

Columna        HORA 14

 

Por Mauricio Conde Olivares

 

Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentó el reporte “La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018”, trabajo coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la UDLAP.

“Desde la publicación en 2015 del primer Índice Global de Impunidad, la Universidad de las Américas Puebla ha señalado que la lucha contra la impunidad es el elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y corrupción que afectan a México. El nuevo IGI-MEX 2018 no sólo confirma los resultados presentados por la versión publicada en 2016, muestra también que, al hacer caso omiso de nuestras recomendaciones, las autoridades permitieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– todo el país”, expresó Derbez Bautista.

Mencionó además que la publicación ofrece datos específicos que permitirán diseñar un programa de medidas verificables y evaluables por la sociedad en el combate a la violencia y corrupción que hoy afligen al país. Asimismo, el rector de la UDLAP dio a conocer que en el IGI-MEX 2018 participaron académicos y estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, «con lo que la UDLAP reitera su vocación de excelencia en la investigación y su compromiso social con México y sus ciudadanos en el fortalecimiento del Estado de Derecho», enfatizó el Dr. Derbez Bautista.

Asimismo, recalcó que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad y entender que si quieren combatir la corrupción y la violencia tienen que eliminar la impunidad; siendo ésta la única manera de mejorar los niveles de seguridad, el acceso a la justicia y la protección de derechos humanos en nuestro país. También se requiere invertir, capacitar y mejorar los puntos que se detallan en el Índice Global de Impunidad: «No es un asunto de quién gobierna, es un asunto de cómo se gobierna y se definen prioridades y de qué manera se implementan», subrayó el rector Derbez.

Durante su participación Juan Antonio LeClercq Ortega, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, señaló que la impunidad es un fenómeno que requiere ser estudiado por sí mismo, no sólo acompañado de seguridad, justicia, violencia y corrupción porque retroalimenta y multiplica los efectos de estos problemas, aumenta el nivel de las víctimas y agudiza problemas como la corrupción e incluso la violación a los derechos humanos.

En comparación con los resultados del IGI-MEX 2016, aplicando estrictamente la misma metodología y midiendo las mismas dimensiones y variables, el IGI-MEX 2018 ofrece las siguientes conclusiones:

Estados con impunidad al alza. Estas entidades aumentaron en cinco puntos o más su índice de impunidad: Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), Tamaulipas (+5.49 puntos) y Coahuila (+4.95 puntos).

Estados con los índices más altos de impunidad (diez principales): 1) Estado de México (80.06), 2) Tamaulipas (78.88), 3) Baja California (78.08), 4) Coahuila (77.88), 5) Quintana Roo (77.33), 6) Guerrero (76.08), 7) Aguascalientes (75.85), 8) Veracruz (75.62), 9) Puebla (75.59) y 10) Oaxaca (75.12).

El homicidio no se castiga en México. El porcentaje de encarcelados por homicidio con relación a los homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%.

Estados que prácticamente no tienen sistema de justicia. Debemos recordar que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada cien mil habitantes). El país se encuentra en esta situación por el déficit que presentan dichas instituciones, tanto en los estados, como en el ámbito federal. Las siguientes entidades tienen un número inferior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34), Baja California (2.73), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), Estado de México (2.32), Michoacán (3.2), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5), Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08), Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).

El número de jueces y magistrados por cada cien mil habitantes aumentó marginalmente de 3.5 a 3.59.

México tiene la mitad (50.86%) de los policías preventivos estatales que debería tener como mínimo.

Los ministerios públicos están colapsados: el número de agencias es de 3.53 por cada cien mil habitantes. Su personal disminuyó de 33.9 a 31.19, los agentes de 7.6 a 6.27 y por cada mil delitos registrados la proporción de agentes pasó de 5.31 a 4.97 (todo por cada cien mil habitantes).

El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia pasó de 35.7% a 27.71%, producto de la implementación del sistema de justicia penal.

La proporción entre el personal del sistema penitenciario y el número de reclusos disminuyó en un 15%, pasando de 0.2 en IGI-MEX 2016 a 0.17 en IGI-MEX 2018.

Con 80.06 puntos el Estado de México es la entidad con el índice más alto de impunidad en el país: se registran 202,205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país. Únicamente hay 1,209 sentenciados en primera instancia y sólo el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos.

Por otra parte, y como el miedo no anda en burro, la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña, informó que en un plazo de seis meses los puertos de la entidad serán los primeros de cabotaje en México -con rutas al interior del país-, en contar con el Código Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) que hasta hoy solo se aplica en puertos de altura, que cubren rutas internacionales.

La funcionaria indicó que en días pasados autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron reuniones de trabajo en la Ciudad de México, Playa del Carmen y Cozumel, en las cuales acordaron diversas acciones para reforzar, de manera coordinada, la seguridad de las terminales navieras, como la incorporación de 30 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) para vigilar las instalaciones de la terminal marítima de San Miguel, Cozumel, donde la Apiqroo apoyará con la alimentación y hospedaje de los policías.

El director general de Puertos, Alejandro Hernández Cervantes, gestionó ante el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, el apoyo necesario para realizar un diagnóstico de riesgos en las terminales marítimas de Quintana Roo, mismo que estará a cargo del Instituto de Educación Náutica y Portuaria A. C. (IENPAC), mientras que el Jefe de la UNICAPAM de la SEMAR, Almirante Jorge Manuel Sainz Zamorano, se comprometió a enviar un equipo de expertos para participar en el análisis de riesgo.

Asimismo, señaló que la SCT gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida especial de 40 millones de pesos para el blindaje de las terminales marítimas, a través de la Dirección General de Puertos, para la adquisición de equipo de punta, capacitación de personal para su manejo y adecuaciones en las instalaciones de las terminales portuarias.

La titular de la Apiqroo indicó que la instrucción del gobernador Carlos Joaquín es garantizar la seguridad a los usuarios de las terminales portuarias, pobladores o vacacionistas.

Las medidas fueron acordada por los representantes del Instituto de Educación Náutica y Portuaria A.C. (IENPAC) Capitán de Altura Miguel Ángel Ozuna Rodríguez, de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Capitán Sergio Varela de la Secretaría Federal de Turismo, José Luis Montemayor Jasso, de la Policía Federal Juan Manuel Ayala Guarro, del Ministerio Público de la Federación, Luis Enrique Alférez Kantun, de las navieras y autoridades de ambos municipios, así como la titular de la Apiqoo, Alicia Ricalde Magaña, empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

 

Columna     HORA 14

Por Mauricio Conde Olivares

Un efecto inmediato de la participación “no activa”, según el gobierno de Quintana Roo, por parte de agentes del FBI en la investigación sobre el atentado con artefactos explosivos en el barco “Caribe I”, ocurrido el pasado 21 de febrero en Playa del Carmen, fue el cierre del consulado de Estados Unidos en ese destino turístico.

El miércoles determinó el gobierno de Estados Unidos con información de primera mano, confirmada y cotejada por los agentes del FBI presentes en la región, cerrar su Consulado al referir un aviso a sus connacionales en el sentido de que la Embajada la Ciudad de México recibió información acerca de una amenaza a la seguridad en Playa del Carmen, Quintana Roo, México: “Efectivo inmediatamente, los empleados del gobierno de los Estados Unidos tienen prohibido viajar a Playa del Carmen hasta nuevo aviso. La Agencia Consular de los Estados Unidos en Playa del Carmen estará cerrada hasta nuevo aviso”, cita la alerta de viaje.

Por ello, la Embajada también propone una serie de medidas de precaución a tomar para sus ciudadanos.

Acciones a seguir:

• Esté alerta de sus alrededores y ejerza precaución.
• Obtenga un seguro de viaje que especialmente tenga cobertura en México y e incluya cobertura por evacuación médica.
• Contacte a la Embajada o Consulado de los Estados Unidos más cercano si requiere asistencia.

Ante  la decisión del gobierno de los Estados Unidos de prohibir a sus funcionarios viajar a Playa del Carmen, el Gobierno de Quintana Roo manifestó que en Playa del Carmen y en todo el estado las actividades turísticas y económicas transcurren de manera normal. La ocupación hotelera registra hoy un 80 por ciento en los principales destinos turísticos.

Incluso refirió que las fuerzas policiacas trabajan día y noche para preservar la tranquilidad de los habitantes y visitantes de Quintana Roo.

“Desconocemos las razones de la decisión del Gobierno de Estados Unidos para emitir este comunicado. Estamos atentos para colaborar con ellos en brindar seguridad a sus ciudadanos que nos visitan. Mantenemos una relación de respeto, cuidado y protección para nuestros visitantes y brindamos seguridad y atención para ellos de manera permanente. Los visitantes estadounidenses son bienvenidos en Quintana Roo y México”, cita el texto oficial.

En las tareas de seguridad, agregó el comunicado, participan de manera coordinada el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y las corporaciones municipales.

Incluso el boletín hace mención a que “este jueves, en Playa del Carmen, Quintana Roo, seremos anfitriones de un evento de talla mundial, la Cumbre Mundial del Océano 2018, que encabezará el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y que además contará con la presencia de líderes de diversas partes del mundo”.

De esta forma, resulta que a la alerta de viaje emitida por los gobiernos Canadá, de Alemania y el Reino Unido, se sumó éste aviso del gobierno estadounidense, que ya el pasado primero de marzo había prohibido a sus funcionarios utilizar los ferries para el traslado de pasajeros en Playa del Carmen.

Al igual que los estadounidenses, el gobierno británico expresó en su página de consejos a viajeros: “la explosión lastimó 20 personas, incluidos turistas. El 1 de marzo, autoridades locales encontraron un artefacto sin detonar en otro ferry que operaba en la misma ruta. Las autoridades mexicanas continúan la investigación del incidente”.

Algo saben los estadounidenses mismo que no han revelado las autoridades mexicanas a nosotros sus propios gobernados; la pregunta concreta es: ¿hay seguridad garantizada para el normal desarrollo de las actividades en las oficinas de los tres niveles de gobierno en Playa del Carmen?

¿Se cae la versión que promueven jilgueros del actual régimen estatal en el sentido de que el padre del ex gobernador Roberto Borge Angulo es un terrorista? O estamos ante un gravísimo problema como manifiesta el cierre del Consulado americano, que no había abandonado sus funciones desde el pasado 9/11, o la versión mexicana de los hechos es insostenible, urge por ello el deslinde de responsabilidades.

No olvidemos tampoco que la decisión de cerrar el Consulado ocurrió durante el viaje de escasas 12 horas de Jared Kushner a la Ciudad de México, dónde el representante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con personal de la Cancillería mexicana y con Enrique Peña Nieto, quien precisamente ayer estuvo en esas tierras para inaugurar la quinta Cumbre Mundial del Océano de The Economist Events.

Junto con Peña Nieto también estuvieron en ese evento en Playa del Carmen, Luis Guillermo Solís, Presidente de Costa Rica; Guðni Th. Jóhannesson, presidente de Islandia; Tarsicio Granizo, Ministro de Medio Ambiente de Ecuador; Michael Eckhart, Citigroup; Werner Hoyer, Banco Europeo de Inversiones; Matthew Arnold, JPMorgan Chase & Co .; Sylvia Earle, Mission Blue; Peter Thomson, enviado especial para el océano de Naciones Unidas; y Paula Caballero del Instituto de Recursos Mundiales.

Todo ello, en medio del máximo ejercicio de seguridad brindado a tan distinguidos visitantes por el Estado Mexicano.

Con esta cumbre Enrique Peña Nieto busca profundizar el compromiso con el sector privado, particularmente la participación del capital privado con el océano. Adicionalmente, los participantes lograron una extensión de Word Ocean Summit 2017, con la profundización en el tema de financiamiento; un nuevo enfoque en la medición que proporciona la responsabilidad de las iniciativas azules en las áreas de pesca, contaminación y cambio climático; y se detalló el primer caso de negocios de la denominada economía azul que impulsa discusiones sobre inversiones y crecimiento;

El caso es que el próximo lunes y martes, las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en México se reunirán primero con los miembros de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes y después con los integrantes de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, según informaron los dirigentes en Cancún de ambas asociaciones, Sergio González Rubiera y Roberto Cintrón, respectivamente; empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.

 

mauricioconde59@outlook.com

 

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Por Mauricio Conde Olivares

 

Este lunes reabre sus puertas la representación consular del gobierno de Estados Unidos en Playa del Carmen, Quintana Roo, con una modificación a la Alerta de Viaje de la Embajada en México de ese país que ahora nos precisó los barrios o fraccionamientos de ese destino turístico dónde  los estadounidenses tienen estrictamente prohibido acercarse.

 

Y de paso esta Alerta de Viaje deberá servir a las autoridades mexicanas encargadas de investigar los atentados terroristas contra el servicio de  ferry de la empresa Barcos Caribe entre Playa del Carmen y la Isla de Cozumel, como guía rápida para que capturen a quienes amenazan la seguridad de los turistas que llegan a esta región, especialmente de ciudadanos provenientes de la vecina nación del norte, y que han creado un conflicto diplomático.

 

La PGR, inteligencia militar y elementos del FBI que les acompañan, ya deberían tener cercados y en sus manos a estos facinerosos que han puesto de rodillas la industria del hospedaje nacional, pues a la letra dice dicha Alerta de Viaje: “El personal del gobierno de Estados Unidos tiene prohibido viajar a los barrios de Playa del Carmen, Centro, Calica, Gonzálo Guerrero, Quintas del Carmen y Villas del Carmen. Estos barrios están bordeados por la Avenida Benito Juárez, 50 Avenida Sur (Carretera 307) y Calle 34 Norte. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar esos vecindarios hasta nuevo aviso”.

 

Solamente faltó que el gobierno de Donaldo Trump pusiera dirección y código postal de estos sujetos, ante lo que calificó de una “amenaza de seguridad constante”.  Por ello, el personal del gobierno estadounidense tiene autorizado viajar a áreas turísticas en la Riviera Maya, incluso las cercanas a Playa del Carmen pero “que se encuentran fuera de los vecindarios restringidos en esta alerta”.

Por lo pronto, siempre y cuando no existan cambios adicionales a la situación de seguridad en Playa del Carmen, la agencia consular de Estados Unidos volverá a sus operaciones normales este lunes 12 de marzo, aunque el personal del consulado y sus connacionales tienen prohibido usar los servicios de ferry que operan entre Playa del Carmen y Cozumel.

En este sentido, deberán mantener las siguientes precauciones: “Esté atento a su entorno y ejercite una mayor precaución. Compre un seguro de viaje que lo cubra específicamente en México e incluya un seguro de atención médica. Póngase en contacto con la Embajada o el Consulado más cercano si necesita ayuda”.

Mientras, el show debe continuar y  Sun Country Airlines anunció la apertura de una nueva ruta aérea estacional sin escalas entre Austin y Cancún para cubrir la creciente demanda de pasajeros entre ambos destinos para la próxima temporada vacacional de verano.

La galardonada aerolínea líder en viajes de placer con presencia en más de 40 destinos de Estados Unidos, México, Costa Rica y el Caribe señaló que la nueva frecuencia aérea entre los aeropuertos internacionales de Austin-Bergstrom (AUS) y el de Cancún (CUN), tendrá una vigencia del 15 de junio al 13 de agosto del 2018, y operará tres veces por semana, los lunes, viernes y sábados.

 

“Nos entusiasma la apertura de esta nueva ruta que permitirá aumentar la afluencia de turismo de Texas durante la próxima temporada de viajes de verano y brindar a los pasajeros de Sun Country la oportunidad de conocer y disfrutar de las experiencias y atractivos que ofrecen Cancún y los destinos del Caribe Mexicano”, comentó Lizzie Cole, Directora General de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de Cancún.

 

Para celebrar este nuevo servicio entre la capital texana y el Caribe Mexicano, la aerolínea estadounidense de bajo costo ofrece tarifas de introducción de tan solo $ 299 ida y vuelta. Los paquetes de vacaciones de hotel y transporte también están disponibles a través de Sun Country Vacations®.   La línea aérea también ofrece un práctico servicio sin escalas hacia y desde Austin y Minneapolis/ St. Paul, así como desde Cancún y Minneapolis / St. Paul y Dallas / Fort Worth.

 

“La ciudad de Austin al igual que Cancún son excelentes destinos vacacionales. Esperamos con ansias conectar ambas ciudades y traer nuestra hospitalidad del Medio Oeste y el práctico servicio sin escalas a más pasajeros a través de esta expansión de la red de rutas”, enfatizó Jude Bricker, Presidente y CEO de Sun Country Airlines.

 

Por otra parte, déjeme comentarle que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) dio a conocer  la Norma Oficial Mexicana NOM-007, relativa al transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos. Esta regulación ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a partir del próximo 23 de agosto del presente año.

 

La norma establece los requisitos mínimos y especificaciones técnicas de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, que deberán cumplir los Regulados para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de los sistemas de transporte de gas a través de ductos.

 

Con este ordenamiento de aplicación nacional, se brindará certidumbre técnica y jurídica para los Regulados del sector hidrocarburos, en particular para los operadores actuales o nuevos inversionistas en materia de transporte por ducto de este tipo de hidrocarburos.

 

El desarrollo de la norma tuvo como base la adopción de las mejores prácticas nacionales e internacionales aplicables al transporte de gas por ductos y consideró la experiencia de instituciones, asociaciones, empresas y profesionales del sector. Para la elaboración de esta norma oficial la ASEA tomó en cuenta la participación y observaciones de las empresas y asociaciones relacionadas con la actividad regulada.

 

Con acciones como esta la ASEA refrenda su compromiso con el desarrollo e implementación de las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente del sector hidrocarburos; empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.

 

mauricioconde59@outlook.com

 

 

Por Mauricio Conde Olivares

San Antonio, Texas.- El pasado 27 de junio de 2017, ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, Luis Armando Reynoso López, hijo del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, en declaración oficial aceptó la vinculación de negocios entre su señor padre y Juan Melquiades Vergara Fernández, ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo.

Conforme a un documento liberado por esa corte el pasado mes de noviembre, el gobierno de Estados Unidos señala a Vergara Fernández como un “amigo de la familia” Reynoso, y lo vincula con la empresa a la que el entonces gobierno de Aguascalientes pagó 13.8 mdp por un tomógrafo, mismo que esa entidad jamás recibió.

La Fiscalía de Estados Unidos, a través de los agentes Luis Reyna y Kenneth Vacek, investiga este asunto como parte de varias operaciones  en las que presuntamente se desvió dinero público para la adquisición de siete propiedades a nombre de Luis Armando Reynoso López en la ciudad de San Antonio, Texas, de las cuales 4 están en proceso de incautación.

Documentos en poder de las autoridades estadounidenses, proporcionados por la Procuraduría General de la República y el Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes refieren que Reynoso Femat, dos años antes de dejar de ser gobernador, reconoció que le debía un millón de dólares a Juan Vergara.

A continuación la transcripción de la declaración que hizo Luis Armando Reynoso hijo ante la Corte del Distrito Oeste en Texas:

—Ok. También voy a mostrarle lo que está marcado como la prueba número 4 del gobierno y a preguntarle si sabe quién está en esta foto.

–Lo conozco.

—¿Cuál es su nombre?

–Juan Vergara.

—¿Y cómo lo conoce al señor Vergara?

–Lo conocí en Aguascalientes.

–Ok. ¿Desde hace cuánto tiempo lo conoce?

–Diría que dese hace 10 años, aproximadamente.

—¿Su padre conoce al señor Vergara también?

–Sí, debe conocerlo.

—¿Y cómo conoce usted al señor Vergara?

–Lo conocí porqué invirtió en el estado de Aguascalientes.

—¿Qué hace él en Aguascalientes?

–invirtió en bienes raíces.

Lo anterior fue la más reciente declaración de Reynoso Jr. Ante la Corte de Texas; donde por cierto, cabe señalar que la única inversión hecha pública en Aguascalientes por parte de Juan Vergara tuvo lugar mediante la inmobiliaria Punta Maya, S. A. de C. V.

Así, la fachada de personaje recto e intachable que vendió al público el actual gobierno de Quintana Roo para que Juan Melquiades Vergara Fernández manejara las finanzas estatales y con ello miles de millones de pesos, se vino abajo al instante que elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, por un presunto lavado de más de 50 millones de pesos, según lo anunció Israel Lira Salas, titular de SEIDO

Resulta que el ex secretario de Finanzas y Planeación en 2016 en su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses (3 de 3), Vergara Fernández declaró ingresos anuales de 71 millones 758,483 pesos durante 2015, de los cuales 360 mil corresponden a actividades industriales, empresariales o comerciales y el resto a servicios profesionales como consultorías o participación en consejos empresariales en México y el extranjero.

De acuerdo con la información publicada en la plataforma del Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia Mexicana, posee un total de 20 bienes inmuebles, entre los que está una casa en la Ciudad de México con valor de 70 millones de pesos, adquirida de contado en 2012; 11 terrenos con superficies que van de los 605 a los 580 mil metros cuadrados; un edificio, y otras seis residencias.

En total, los bienes inmuebles suman un monto total de 118 millones de pesos.

Entre las otras propiedades que ostenta el ex secretario de Finanzas están también una aeronave Learjet 60 de Bombardier, con registro en Estados Unidos, la cual fue adquirida a crédito en arrendamiento en 2015, con un valor de 2 millones 970 mil  dólares, y un yate Sunseeker Predatos 57, con valor de 1 millón 580 mil dólares.

También declaró la posesión de 8 automóviles, entre los que están un carrito de Golf, dos camionetas tipo van modelo Transitbus y un camión de 3.5 toneladas, cuyo valor estimado es de 3.7 millones de pesos. Asimismo, reporta menaje de casa y joyas por 18 millones de pesos y 2 cuentas bancarias o de inversión.

Como parte de su declaración de conflicto de intereses, quien fuera encargado de las finanzas estatales reportó participaciones en siete empresas: cinco de televisión, una firma inmobiliaria y otra de asesoría corporativa.

Las firmas de televisión —donde reporta acciones que van del 25 al 99%— son México Traveler Network, Salud TV, Multimedios Turísticos, así como Telefrontera y Telefrontera Managment. Éstas últimas con sede en Estados Unidos.

Respecto a las firmas Inmobiliaria Regiocaribe SA de CV, dedicada a la renta de bodegas, declara una remuneración de 360 mil pesos anuales, mientras que en el caso de Auditores Corporativos Internacionales, donde funge como presidente del consejo, los ingresos anuales ascienden a 109 millones 675,898 pesos.

Adicionalmente, resalta que la Procuraduría General de la República investigó en 2008  las acusaciones de que Raúl Cuadra,  ex titular de Finanzas en Aguascalientes, realizó una transferencia bancaria a favor de la empresa Logística y Asesoría Empresarial S. A. de C. V., representada por Verónica Shadai Espíndola Palma, con lo que se adquirió el tomógrafo, pero  éste equipo no fue encontrado jamás.

Por ello, se giró orden de aprehensión contra Reynoso Femat y Verónica Shadai Espíndola Palma, pero ésta al igual que el exgobernador obtuvo un amparo del Juez Cuarto Colegiado del Noveno Circuito radicado en Zacatecas, mismo que fue revocado por un juez de Circuito, por lo que se ratificó la orden de aprehensión.

Un año después de las operaciones financieras para la compra del tomógrafo por 13.8 millones de pesos, Verónica Shadai Espíndola Palma, aparece como socia accionaria de Juan Melquiades Vergara Fernández, en la constitución  de la empresa Inmobiliaria Punta Maya S. A. de C. V., conforme el Folio Mercantil Electrónico con la escritura pública número 1740 fechada el 28 de enero de 2009 ante el Notario Público de Cancún, Eduardo Alberto Suárez Torres.

Y a su vez, tanto Juan Melquiades Vergara Fernández como Verónica Shadai Espíndola Palma en su calidad de propietarios de la empresa Inmobiliaria Punta Maya S. A. de C. V., hacen negocios con el desarrollador de Capital City en Aguascalientes, Luis Fernando Loperena, entonces un joven de 25 años,  toda vez que Juan y Verónica eran propietarios de los terrenos de “Punta del Cielo”, sobre la Prolongación de la Avenida Guadalupe González, al norponiente de la capital de Aguascalientes.

Quedaron inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes los contratos de compraventa de predios por una superficie de 124 mil 973 metros cuadrados, ante notario público el 28 de mayo de 2009, donde aparece como representante de Inmobiliaria Punta Maya, precisamente Luis Fernando Loperena, identificado en las pesquisas de PGR como prestanombres de Luis Armando Reynoso Femat. Aquí Miguel Andrea Romero compró el 26.42% de los cuatro terrenos e Inmobiliaria Punta Maya el 73.58% restante, por un total de 98 millones 419 mil 218 pesos. Específicamente, ante el fedatario apareció Raúl López Vaca como Comisario de la inmobiliaria, y como gerentes de compra Juan Melquiades Vergara Fernández y Luis Fernando Loperena González, mientras que Verónica Shadai Espíndola Palma era secretaria del Consejo de Administración.

Loperena González  también era representante legal de la empresa Real State Isla San Marcos S. de R. L. de C. V, que invertiría 500 mdp en el proyecto Capital City, para convertirlo en el centro financiero de Aguascalientes.

Cabe aclarar que Inmobiliaria Punta Maya también fue indagada por PGR en torno a varios depósitos a cuentas de Luis Armando Reynoso López, hijo del ex gobernador de Aguascalientes, por 58 mdp en una carpeta de investigación por el probable delito de enriquecimiento ilícito que incluyó otras empresas como la ya mencionada Real Estate Isla San Marcos S. R. L. de C.V; Constructora Proyectos Inmobiliarios FL S.A. de C. V; Marca Desarrollos Inteligentes S. A. de C. V y Better Homes.

Juan Melquiades Vergara Fernández y Verónica Shadai Espíndola Palma también estaban asociados en la empresa Mastertax, abogados y contadores especializados en materia fiscal, con sede en Cancún.

Así, luego de constituir  más de  20 de empresas a su nombre y socios, 17 de las cuales omitió en su declaración 3 de 3, el ex Secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo (SEFIPLAN), Juan Melquiades Vergara Fernández, incurrió en la creación de un Fideicomiso intitulado Investment Support S. A. de C. V.,  donde es el “administrador único” con el fin de ocultar las identidades de sus aliados comerciales.

Bajo el folio mercantil electrónico 108848, inscrito en el Registro Público del Comercio, Libro 03, Volumen 797, Registro 25 primera inscripción, del 20 de noviembre de 2009, ante el fedatario Jesús Zavala Pérez Moreno, en Aguascalientes, Juan Melquiades Vergara Fernández concluyó la transmisión del 99% de  acciones que tenía en la empresa Inmobiliaria Punta Maya S. A de C. V.

Resulta que el ex titular de SEFIPLAN había constituido a la compañía Inmobiliaria Punta Maya el 28 de enero de 2009 con el folio mercantil electrónico 20614, inscrito en el Registro Público del Comercio ante la fe notarial de Eduardo Alberto Suárez Torres, en el municipio de Benito Juárez.

En esta empresa cada acción costó 500 pesos y Juan Melquiades Vergara Fernández poseía 99 mientras que Verónica Shadai Espíndola Palma solo una, y fue designado Raúl López Vaca como comisario de vigilancia.

Vergara Fernández al identificarse ante el notario presentó su credencial de elector número 016075774644 y refirió como domicilio el número 263 de la avenida Tulum, entre Labná y Nichupté, mientras que Verónica Shadai solo se identificó como “asistente personal” y quien al presentar su credencial de elector dijo que vivía en avenida Kinik, Framboyanes de la 95, edificio F, departamento 203, en Cancún.

Dichos datos procesales quedaron inscritos bajo el pago de dos mil 598 pesos de derechos ante el calificador Miguel Barradas López y el 29 de febrero de 2012, Juan Melquiades Vergara Fernández determinó la fusión de esta empresa con otra sociedad, orden que cumplimento Rafael Alejandro Molina Castillo en su calidad de representante delegado por los socios accionarios, es decir por el 99% de acciones que tenía en la inmobiliaria y el 1% de capital  accionario de Verónica Shadai.

De esta forma, en asamblea general ordinaria se dio el cambio de domicilio social, de Aguascalientes al municipio de Benito Juárez, donde Baltazar Salinas Gerrero, a la postre administrador de Inmobiliaria Punta Maya S. A de C. V avaló el siguiente acuerdo:             SE APRUEBA LA TRANSMISIÓN DE 99 ACCIONES PROPIEDAD DE LOS SEÑORES JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ Y VERÓNICA SHADAI ESPÍNDOLA PALMA EN LA PROPORCIÓN DE 99 Y 1, RESPECTIVAMENTE, A FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA INVESTMENT SUPPORT S.A DE C.V.

Por ello, Juan Melquiades Vergara Fernández pasó a ser  propietario del 99 por ciento de las acciones adquiridas por Investment Support S. A. de C. V, a quien de paso se le adjudicó la acción restante por lo que dejó de ser socia Verónica Shadai Espíndola Palma.

Baltazar Salinas Gerrero, quien administraba para el ex titular de SEFIPLAN la Inmobiliaria Punta Maya S. A de C. V., con estos cambios de registro empresarial quedó también a cargo del fideicomiso de planeación patrimonial número 741297, solo que ahora nombraron como administrador único a Rafael Alejandro Molina Castillo, mismo que después fue sustituido por José Antonio Valdez López  y se incorporó como socio Alejandro Tarin Villamar.

Adicionalmente, se cambió el domicilio social de la empresa, de Aguascalientes a León, Guanajuato, donde tiene actualmente su sede.

 

Por Mauricio Conde Olivares

El         ex Secretario de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, faltó a la verdad al rendir su Declaración de Intereses para Funcionarios y Personas de Interés Público (3 de 3) pues reveló que poseía solo siete empresas, cuando realmente  era dueño de 17 compañías más, según datos proporcionados por el Registro Público de Comercio,  avalados tanto por la Secretaría de Economía federal como por el gobierno estatal en el que participaba.

Además de haber sido socio del exgobernador Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, en la constitución de las sociedades mercantiles fuera de su declaración patrimonial, Vergara Fernández recurrió  a las mismas personas, una y otra vez,   con quienes fundó dichas empresas para después adjudicarlas a su persona mediante la enajenación accionaria. Procedimientos contables que han suscrito junto con el ahora ex titular de Sefiplan los siguientes individuos, en su calidad de socios, principalmente en aquellas empresas que constituyó para posteriormente apoderarse mediante compra accionaria y que son Gabriel y Enrique Reynaldo Guiza Montiel, así como  Jonathan Perlo Kurian; operaciones donde también aparece como beneficiario último Ricardo Peña Fernández.

Oros socios son Mario Augusto Alfredo Cárdenas Rodríguez, Daniel García Durán, Jesús Juan Pérez Pacheco, José Naime Germenos, Jorge Javier Navarro Carrillo, Jesús Obregón Salazar, Benjamín Salvdor Almaguer Mora, Jorge Carlos de la Peña Peniche, Musthapa Bolizio Medina Arab, Víctor Manuel Mohamed Cacho, Francisco Javier Rodríguez Cantú, Mario Álvarez Puga, Miguel Ángel Valle Torres y Gustavo Marcelo López.

También Juan Melquiades Vergara Fernández se asoció con  Gabriel Río de la Loza Castillo, Rolando Antonio Aguirre Cervantes, Carlos Rafael  Pérez Bello y Oscar Mera Saade, ello para constituir empresas de forma directa, y que no registró en su declaración de intereses.

Juan Melquiades Vergara Fernández en su declaración patrimonial suscribió que participa en direcciones y/o consejos de administración de México Traveler Network S.A de C. V; Auditores Corporativos Internacionales S. C; Multimedios Turísticos S. A de C. V; Inmobiliaria Regiocaribe S. A de C. V; Telefrontera Management LLC (Estados Unidos), Telefrontera LLC (Estados Unidos); y Salud TV S. A de CV.

Sin embargo, Vergara Fernández omitió mencionar las siguientes empresas de su propiedad: Plaza La Fiesta del Caribe S. A de C. V; Tradiciones del Caribe S. A de C. V; Corporativo Punta de Piedra S. de R. L. de C. V; Rental Homes S. A. de C. V; Marco Empresarial de Control Administrativo S. A. de C. V; Orgullo del Caribe S. A. de C. V; Goblal IDS S.A. de C. V; Operadora de Restaurantes Los Guajes S. de R. L. de C. V; inmobiliaria Punta Maya S. A. de C. V; Tesoros del Caribe S. A. de C. V; Bleu Raven Inmobiliaria S. A. de C. V; Combustibles Bicentenario S. A. de C. V; Mundo Travel Channel S. A. de C. V; Inmobiliaria Mundo Maya 2012 S. A. de C.V; Corporativo Especializado en Servicios Empresariales S. A. de C. V; Playa Maya Arrendadora S. A. de C. V; y Tecno Pago WEB S.A. P.I. de C. V.

Cabe destacar que conforme la iniciativa ciudadana “3 de 3” se busca sancionar a los funcionarios que falseen en sus declaraciones  con una pena administrativa que puede ser grave y convertirse en acción penal. Es decir, con este ejercicio de transparencia se busca sancionar conductas negativas como la mentira y el ocultamiento en alguna de las tres declaraciones, la fiscal, la de intereses (como la que se comenta) y la de bienes.

HENDRICKS Y JUAN VERGARA, SOCIOS COMERCIALES

El 11 de abril de 2014 se constituyó formalmente ante notario público la alianza económica entre el que fuera Secretario de Finanzas y Planeación, Juan Melquiades Vergara Fernández con el exgobernador de Quintana Roo,  Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, cuando crearon la empresa Mundo Travel Channel S. A de C. V.

Ante el fedatario Eduardo Alberto Suárez Torres quedó vigente este acuerdo comercial por 99 años por el cual constituyeron la empresa para la comercialización publicitaria, compra, venta, reproducción, distribución, importación y exportación de productos publicitarios  y su difusión en televisión abierta o por cable, entre otros como elaboración y diseño de campañas informativas; realización y difusión de todo tipo de videos, en cualquier formato.

Dicha compañía quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 23524, bajo la modalidad de capital variable y arrancó operaciones con un capital accionario inicial de 100 mil pesos, divido en cien acciones. La empresa obtuvo el permiso 2302772 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el expediente 20102302571.

De esta forma, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz asumió 25 acciones junto con Mario Alejandro Álvarez Puga; al tiempo que Juan Melquiades Vergara Fernández compró 16 acciones al igual que Ricardo Peña Fernández; Miguel Ángel Valle Torres adquirió 13 acciones y cinco fueron compradas por Gustavo Marcelo López.

De esta forma,                 quedó como presidente del Consejo de Administración el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Quintana Roo; el exgobernador Joaquín Ernesto Hendricks Díaz como Tesorero y Ricardo Peña Fernández como Vocal.

En la constitución de esta empresa, el exgobernador de Quintana Roo dio como domicilio los números 29 y 30 de la avenida Tankha, Manzana 20, Supermanzana 25, en Cancún y solo mostró como identificación el pasaporte número 05230000599; mientras que Juan Melquiades Vergara Fernández acreditó su personalidad mediante credencial del IFE número 0000079615272, con domicilio en Calle Cozumel, Lote 30, Manzana 3, Supermanzana 12, en Cancún, con Registro Federal de Contribuyentes clave VEFJ662110CF2.

Por Mauricio Conde Olivares

La participación activa de los millenials en la contingencia nacional de septiembre de 2017, reflejó la capacidad de esta generación de responder oportunamente, trabajar jornadas amplias, en equipo, bajo presión, comprometerse y seguir la orientación de líderes; características que antes parecían inexistentes en este grupo de edad.

Estudios globales indican que 7 de cada 10 millenials concibe a los negocios como una fuerza de impacto social positivo y reconocen que las empresas tienen la capacidad de resolver los retos a los que se enfrentan.

“La clave para despertar el compromiso de los millenials en los empleos es colocarles líderes inspiradores”, explicó Kirsten Jepsen, business trainer y socia fundadora de Moudus, quien añadió que, “el liderazgo positivo, no coercitivo como el que abunda en las corporaciones, es una habilidad posible de desarrollar con la ayuda de un equipo multidisciplinario”.

 

A decir de la experta, el liderazgo positivo, es aquel que inspira a los equipos a seguir el ejemplo puesto por el líder, quien será el responsable de generar ambientes participativos, armoniosos y por ende más productivos.
“El 30% de la población mexicana, es decir 30 millones, son millenials que buscan empleos flexibles, bien remunerados, pero sobre todo, en los que puedan desarrollarse. De ahí que la capacitación es la mejor herramienta para incrementar su satisfacción y, con ello, reducir la rotación, que es muy característica en este grupo”, comentó Jepsen.
Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad de MiPyMEs 2015, en México sólo una de cada 8 empresas capacitó a su personal, lo que a decir de la experta “resulta preocupante, ya que la intervención de modelos profesionales de business training han logrado no sólo mejorar la satisfacción de los millenials en hasta un 30% por ciento en menos de 3 meses si no también en su productividad”, explicó Kisrten Jepsen.
“La capacitación enfocada a los millenials incluye exploración y descubrimiento, porque ellos aprenden de manera experimental, en su entorno, de esta manera tienden a empatizar con sus actividades rutinarias y por iniciativa propia, profundizan en su conocimiento y perfeccionan su práctica. Cuando se logra este punto, la motivación intrínseca se fortalece, llevando a los jóvenes a comprometerse genuinamente con lo que hacen”, comentó Cristina Giacoman, business trainer y socia fundadora de Moudus.

 

En México existen consultorías que hacen intervenciones desde un abordaje interdisciplinario y humano, ayudando a las empresas a identificar sus áreas de oportunidad. Moudus Business Training, se dedica a incrementar el rendimiento de las empresas, implementando procesos que garanticen la permanencia y solidez de la competitividad, alineándose con la estrategia de los negocios.

Moudus es una consultoría mexicana multidisciplinaria que brinda capacitación, herramientas y estrategias innovadoras a empresas, con la finalidad de optimizar su rendimiento. Los modelos de diagnóstico, análisis, solución y capacitación implementados por los business trainers de Moudus, acompañan e impulsan el crecimiento de los empresarios y colaboradores, que les permiten maximizar su potencial de forma personal y profesional. Moudus tiene como misión llevar humanidad, conciencia y disciplina al sector laboral.

En otro orden de ideas, le informo que el 31 de enero de 1971 se inició un nuevo emprendimiento espacial con el objetivo de reanudar las misiones a la Luna. Ésta fue la misión Apollo 14 la cual estaba equipada con neumáticos Goodyear XLT y ayer cumplió 47 años. Apollo 14 MET (Modularized Equipment Transporter), el módulo portátil de una bancada científica, contaba con dos ruedas y recogía todo el material de la superficie lunar.

Totalmente distintos de los neumáticos tradicionales, las llantas Goodyear XLT fueron creadas después de 10 años de desarrollo y tenían características propias.

En lugar de aire, los neumáticos Goodyear XLT eran inflados con nitrógeno que, además de no soportar combustión, ayudaba a minimizar el riesgo de incendio en la aeronave.

Para que estuviesen en condición ideal para circular en la luna, los neumáticos primero eran inflados en Tierra en una cámara de vacío. Cuando se sacaban de la cámara, las cámaras de aire en el interior del neumático sucumbían a la presión atmosférica de nuestro planeta, pero regresaban a su estado normal cuando la aeronave estaba en camino a la atmósfera de la Luna.

El neumático Goodyear XLT fue desarrollado para transportar cargas de 60 libras lunares, lo que equivale a 360 libras en la Tierra. Con esa carga, esos neumáticos de baja presión imprimían una huella más ancha y más plana que los ayudaba a fluir suavemente sobre la superficie lunar, además de pasar por piedras sin riesgo de perforación.

Los neumáticos Goodyear XLT tenían 40.64 centímetros de altura y 10.16 centímetros de ancho, pero pesaban – considerando el neumático y la cámara de aire – menos de 1.3 kilogramos.

Para resistir a un ambiente tan diferente como el de la Luna, los neumáticos lunares tenían que aguantar temperaturas que oscilaban entre -29,4 y más de 121 grados Celsius.

La misión no sólo fue exitosa sino que también dio tiempo a Alan Shepard improvisara algunas jugadas de golf, las primeras realizadas fuera del planeta Tierra, usando un taco improvisado.

Goodyear es una de las compañías fabricantes de llantas más grandes del mundo. Cuenta con 66 mil empleados, así como con 49 instalaciones de producción ubicadas en 22 países. Comercializa sus productos en casi todo el mundo. Sus dos Centros de Innovación en Akron, Ohio, y Colmar-Berg, Luxemburgo, buscan desarrollar productos y servicios con tecnología de punta que establezcan estándares de tecnología y desempeño en la industria.

Y por si usted no lo sabía, déjeme contarle que recientemente la prensa internacional dio cuenta de dos noticias relativas a prohibiciones o impedimentos para la tenencia, exhibición e interacción con mamíferos marinos en el mundo. Por una parte, el Consejo de Estado Francés, que en términos administrativos es la máxima instancia de justicia de ese país, anuló el pasado lunes 29 de enero, la prohibición impuesta en mayo de 2017 a los parques y acuarios de Francia para reproducir delfines y orcas, ya que el proceso de la legislación fue “irregular durante su consulta”.

La regulación, impulsada por grupos animalistas, impedía, además, la interacción del público con los mamíferos marinos, eliminaba el cloro de las albercas y les obligaba a aumentar el tamaño de los hábitats, todo esto sin consultar a los expertos de manera formal.

El director ejecutivo de Marineland Antibes al sur de Francia, el parque marino más grande de Europa, Pascal Picot, señaló “queremos actualizar la regulación para los cetáceos, que se remonta a 1981, con el gobierno y los expertos, sobre bases científicas y no sobre la base de consignas”.

Por su parte, la legislatura del estado norteamericano de Hawaii rechazó este 1 de febrero la propuesta SB 3055 que impediría al Departamento de Agricultura expedir permisos para la transferencia de mamíferos marinos entre estados, dentro del estado y entre instituciones sólo con motivos de “reproducción y entretenimiento”.

Excluía las instalaciones con propósitos de investigación y de educación. El rechazo vino luego de un proceso de consulta pública vía electrónica, que en su mayoría (64%) se opuso a la ley, además de recibir 381 testimonios de estudiantes locales que defendieron su derecho a tener contacto cercano con dichos animales.

El senador demócrata por Hawaii Michael Gabbard y presidente del Comité de Audiencias, al referirse a la ley SB 3055 señaló: “Como vegetariano por 46 años y como vegano los últimos 6, soy muy sensible a los temas de bienestar animal. Sin embargo, en este caso, me parece que hay algo bueno que proviene de las interacciones humanas (con mamíferos marinos) y de la investigación local.”

Desde la Asociación Mexicana de Hábitats Marinos para la Interacción y Protección de Ambientes Marinos consideran que estos casos ejemplifican que las legislaciones que regulan el manejo de mamíferos marinos bajo cuidado humano son un tema complejo y que implica muchas aristas, por lo que los legisladores necesitan escuchar no sólo las voces de los detractores, sino también de los técnicos, especialistas y científicos, así como cumplir el debido proceso, abriendo foros plurales de consulta. De ello depende el bienestar de los delfines y otros mamíferos marinos bajo cuidado humano, al igual que de los profesionales que les cuidan, la generación de empleos, la educación ambiental e investigación científica que se realiza en los centros de vida marina de nuestro país, empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

 

 

 

 

Por Mauricio Conde Olivares

El ex secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Quintana Roo, Juan  Melquiades Vergara Fernández, ha sido socio comercial de Verónica Shadai Espíndola Palma y Luis Fernando Loperena, presuntamente vinculados con el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, en la comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado con la venta subvaulada de terrenos propiedad del extinto Instituto de Vivienda de esa entidad, así como por la compra simulada de un tomógrafo.

Por ello, versiones no confirmadas aseguran que el  ex titular de Sefiplan ha sido prestanombres de Luis Armando Reynoso Femat, del que por cierto la Procuraduría General de la República  detectó que el dinero que utilizó para comprar inmuebles en Estados Unidos, por la cantidad de 5.5 millones de dólares, fue transferido desde el banco de Reynoso Femat en Cancún y una cuenta en International Banken Mc Allen a cuentas del banco BBVA Compass en Estados Unidos. Ello, luego que la Corte Federal del vecino país liberara documentos oficiales para hacerlos del conocimiento público.

Conforme una indagatoria, resalta que la Procuraduría General de la República investigó en 2008  las acusaciones de que Raúl Cuadra,  ex titular de Finanzas en Aguascalientes, realizó una transferencia bancaria a favor de la empresa Logística y Asesoría Empresarial S. A. de C. V., representada por Verónica Shadai Espíndola Palma, con lo que se adquirió el tomógrafo, pero  éste equipo no fue encontrado jamás.

Por ello, se giró orden de aprehensión contra Reynoso Femat y Verónica Shadai Espíndola Palma, pero ésta al igual que el exgobernador obtuvo un amparo del Juez Cuarto Colegiado del Noveno Circuito radicado en Zacatecas, mismo que fue revocado por un juez de Circuito, por lo que se ratificó la orden de aprehensión.

Un año después de las operaciones financieras para la compra del tomógrafo por 13.8 millones de pesos, Verónica Shadai Espíndola Palma, aparece como socia accionaria de Juan Melquiades Vergara Fernández, en la constitución  de la empresa Inmobiliaria Punta Maya S. A. de C. V., conforme el Folio Mercantil Electrónico con la escritura pública número 1740 fechada el 28 de enero de 2009 ante el Notario Público de Cancún, Eduardo Alberto Suárez Torres.

Y a su vez, tanto Juan Melquiades Vergara Fernández como Verónica Shadai Espíndola Palma en su calidad de propietarios de la empresa Inmobiliaria Punta Maya S. A. de C. V., hacen negocios con el desarrollador de Capital City en Aguascalientes, Luis Fernando Loperena, entonces un joven de 25 años,  toda vez que Juan y Verónica eran propietarios de los terrenos de “Punta del Cielo”, sobre la Prolongación de la Avenida Guadalupe González, al norponiente de la capital de Aguascalientes.

Quedaron inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes los contratos de compraventa de predios por una superficie de 124 mil 973 metros cuadrados, ante notario público el 28 de mayo de 2009, donde aparece como representante de Inmobiliaria Punta Maya, precisamente Luis Fernando Loperena, identificado en las pesquisas de PGR como prestanombres de Luis Armando Reynoso Femat. Aquí Miguel Andrea Romero compró el 26.42% de los cuatro terrenos e Inmobiliaria Punta Maya el 73.58% restante, por un total de 98 millones 419 mil 218 pesos. Específicamente, ante el fedatario apareció Raúl López Vaca como Comisario de la inmobiliaria, y como gerentes de compra Juan Melquiades Vergara Fernández y Luis Fernando Loperena González, mientras que Verónica Shadai Espíndola Palma era secretaria del Consejo de Administración.

Loperena González  también era representante legal de la empresa Real State Isla San Marcos S. de R. L. de C. V, que invertiría 500 mdp en el proyecto Capital City, para convertirlo en el centro financiero de Aguascalientes.

Cabe aclarar que Inmobiliaria Punta Maya también fue indagada por PGR en torno a varios depósitos a cuentas de Luis Armando Reynoso López, hijo del ex gobernador de Aguascalientes, por 58 mdp en una carpeta de investigación por el probable delito de enriquecimiento ilícito que incluyó otras empresas como la ya mencionada Real Estate Isla San Marcos S. R. L. de C.V; Constructora Proyectos Inmobiliarios FL S.A. de C. V; Marca Desarrollos Inteligentes S. A. de C. V y Better Homes.

Juan Melquiades Vergara Fernández y Verónica Shadai Espíndola Palma también estaban asociados en la empresa Mastertax, abogados y contadores especializados en materia fiscal, con sede en Cancún.

Así, luego de constituir  más de  20 de empresas a su nombre y socios, 17 de las cuales omitió en su declaración 3 de 3, el ex Secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo (SEFIPLAN), Juan Melquiades Vergara Fernández, incurrió en la creación de un Fideicomiso intitulado Investment Support S. A. de C. V.,  donde es el “administrador único” con el fin de ocultar las identidades de sus aliados comerciales.

Bajo el folio mercantil electrónico 108848, inscrito en el Registro Público del Comercio, Libro 03, Volumen 797, Registro 25 primera inscripción, del 20 de noviembre de 2009, ante el fedatario Jesús Zavala Pérez Moreno, en Aguascalientes, Juan Melquiades Vergara Fernández concluyó la transmisión del 99% de  acciones que tenía en la empresa Inmobiliaria Punta Maya S. A de C. V.

Resulta que el ex titular de SEFIPLAN había constituido a la compañía Inmobiliaria Punta Maya el 28 de enero de 2009 con el folio mercantil electrónico 20614, inscrito en el Registro Público del Comercio ante la fe notarial de Eduardo Alberto Suárez Torres, en el municipio de Benito Juárez.

En esta empresa cada acción costó 500 pesos y Juan Melquiades Vergara Fernández poseía 99 mientras que Verónica Shadai Espíndola Palma solo una, y fue designado Raúl López Vaca como comisario de vigilancia.

Vergara Fernández al identificarse ante el notario presentó su credencial de elector número 016075774644 y refirió como domicilio el número 263 de la avenida Tulum, entre Labná y Nichupté, mientras que Verónica Shadai solo se identificó como “asistente personal” y quien al presentar su credencial de elector dijo que vivía en avenida Kinik, Framboyanes de la 95, edificio F, departamento 203, en Cancún.

Dichos datos procesales quedaron inscritos bajo el pago de dos mil 598 pesos de derechos ante el calificador Miguel Barradas López y el 29 de febrero de 2012, Juan Melquiades Vergara Fernández determinó la fusión de esta empresa con otra sociedad, orden que cumplimento Rafael Alejandro Molina Castillo en su calidad de representante delegado por los socios accionarios, es decir por el 99% de acciones que tenía en la inmobiliaria y el 1% de capital  accionario de Verónica Shadai.

De esta forma, en asamblea general ordinaria se dio el cambio de domicilio social, de Aguascalientes al municipio de Benito Juárez, donde Baltazar Salinas Gerrero, a la postre administrador de Inmobiliaria Punta Maya S. A de C. V avaló el siguiente acuerdo:             SE APRUEBA LA TRANSMISIÓN DE 99 ACCIONES PROPIEDAD DE LOS SEÑORES JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ Y VERÓNICA SHADAI ESPÍNDOLA PALMA EN LA PROPORCIÓN DE 99 Y 1, RESPECTIVAMENTE, A FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA INVESTMENT SUPPORT S.A DE C.V.

Por ello, Juan Melquiades Vergara Fernández pasó a ser  propietario del 99 por ciento de las acciones adquiridas por Investment Support S. A. de C. V, a quien de paso se le adjudicó la acción restante por lo que dejó de ser socia Verónica Shadai Espíndola Palma.

Baltazar Salinas Gerrero, quien administraba para el ex titular de SEFIPLAN la Inmobiliaria Punta Maya S. A de C. V., con estos cambios de registro empresarial quedó también a cargo del fideicomiso de planeación patrimonial número 741297, solo que ahora nombraron como administrador único a Rafael Alejandro Molina Castillo, mismo que después fue sustituido por José Antonio Valdez López  y se incorporó como socio Alejandro Tarin Villamar.

Adicionalmente, se cambió el domicilio social de la empresa, de Aguascalientes a León, Guanajuato, donde tiene actualmente su sede.

 

Comunicado 088/18. 2 de febrero 2018. PGR.  

Palabras del Mtro. Alonso Israel Lira Salas, sobre la detención de Melquiades “N”

Buenas tardes:

El día de hoy, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Melquiades “N”, Ex Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

La investigación a cargo de esta Subprocuraduría inició en septiembre del año pasado derivado de una denuncia presentada por Servicio de Administración Tributaria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante el Ministerio Público de la Federación.

En dicha denuncia expone que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.

El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS, motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, apreciándose que se está en presencia de un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos que los destinatarios finales recibieron.

De este modo, Melquiades “N” resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de Lavado de Dinero; pues durante el año de 2015 recibió:

• De “una empresa” un millón 430 mil 619 pesos; y
• De “de otra empresa” 49 millones 259 mil 351 pesos.

Derivado de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades, el Fiscal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, orden de aprehensión en contra de Melquiades “N”, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por lo anterior se realizó, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal de esta procuraduría, un operativo a fin de dar cumplimiento al mandato judicial.

En las próximas horas tendrá lugar la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, donde se solicitará la vinculación a proceso por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.

Melquiades “N” goza del principio de presunción de inocencia que le otorga la Constitución mexicana y los tratados internacionales; siendo respetados en todo momento sus derechos humanos.

El combate a la corrupción es prioridad fundamental del Gobierno de la República y una exigencia de la ciudadanía. El trabajo de la Procuraduría ha sido y será, exhaustivo y ajeno a agendas políticas y electorales.

Con base en ello, la Procuraduría, y en específico, el Ministerio Público, ha reiterado que todas las acciones den vigencia plena al Estado de Derecho.

 

 

Por Mauricio Conde Olivares

En encuentro celebrado este viernes con miembros de la Barra de Abogados, el Fiscal General de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, anunció que desde el pasado jueves interpuso ante el Juzgado de Distrito en Chetumal “solicitud de Derecho de Réplica”, ante una publicación en el Diario Novedades de Quintana Roo.

Argumentó ante sus colegas de la entidad que lo hizo “aunque los medios de comunicación piensen que esto es una venganza del Fiscal”.

Pech Cen dijo que él no creo la ley, “yo no la inventé, yo no la publiqué, pero sí la voy a aprovechar. Desde el pasado viernes, solicitamos el Derecho de Réplica, Novedades se ha negado, De Peso también; y el jueves, ayer, fue presentado en el Juzgado de Distrito mi solicitud del Derecho de Réplica para que mí Derecho de Réplica sea publicado en las mismas páginas, en el mismo tamaño de letra y color a través de un Juzgado de Distrito con un procedimiento que ahora la Ley Reglamentaria les da”.

Sin embargo, Novedades de Quintana Roo si publicó la Réplica de puño y letra del Fiscal a una plana con el despliegue que marca la ley, esto desde el pasado 30 de abril como consta en su edición impresa y redes sociales.

La pregunta entonces es, ¿por qué mintió el Fiscal? Luego de vanagloriarse de su cátedra a 16 generaciones de abogados en el estado, ¿se vale hacer gala del uso sesgado o tramposo del derecho?, ¿es lo que ha enseñado?

Pero el Fiscal insistió en que no se trata de ninguna venganza y dijo textualmente: “Insisto, no hay que decir que somos juristas, tenemos que demostrarlo. ¿Qué yo me estoy aprovechando del puesto? No. No podemos hacer una división entre lo que es la imagen de Miguel Ángel Pech o la del Fiscal en este momento. Pero que quede claro, ¡ningún ataque más hacia mí esposa ni a mis hijos!, porque insisto, y ustedes también, espero también encontrar  todo esto, también son capaces de hacerlo. No se vale que se metan con nuestras familias y lo voy a seguir haciendo con los elementos que ahora la ley nos otorga. No como venganza, sino simplemente respondiendo a estas situaciones de orden”.

Hasta aquí las citas textuales del Fiscal que hizo caso omiso a la recomendación de Article 19, quien demandó a las autoridades de Quintana Roo  abstenerse de iniciar cualquier acción legal en contra de las y los periodistas de cualquier medio de comunicación, tomando en cuenta que por la naturaleza de sus actividades se encuentran sujetos a un mayor escrutinio público.

Ya Article 19 se había pronunciado con preocupación  ante un comunicado oficial de la misma fiscalía por estos hechos dónde presumiblemente se inhibía la libertad de expresión de las y los periodistas del estado.

Horas después, en conferencia de prensa y ante representantes de los medios de comunicación, el propio Fiscal General del Estado de Quintana Roo fue cuestionado sobre porqué interpuso la demanda por el Derecho de Réplica si Novedades de Quintana Roo ya la publicó desde el pasado 30 de abril, su lacónica respuesta fue: “No lo sabía”.

Pero que conste que no se trata de ninguna venganza, ni de aprovecharse del puesto que actualmente ostenta.

 

 

 

 

Por Mauricio Conde Olivares

Como parte de su estrategia de promoción de la apertura del conocimiento para mejorar vidas en América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el Código para el Desarrollo, una plataforma que permite a los gobiernos, sociedad civil y a los ciudadanos explorar y reutilizar herramientas digitales de código abierto para apoyar la creación de programas y proyectos para el desarrollo social y económico de la región.

“Cada año, los gobiernos de todo el mundo invierten millones de dólares en software y en herramientas digitales para simplificar los trámites administrativos, luchar contra el cambio climático, fortalecer la atención sanitaria y mejorar nuestra calidad de vida. Si esas herramientas digitales fuesen abiertas para ser compartidas y adaptadas a nuevos usos, los gobiernos y organizaciones podrían lograr enormes ahorros y economías de escala. A partir de esta idea decidimos lanzar esta nueva plataforma de herramientas digitales y código abierto”, afirmó Federico Basañes, gerente del Sector de Conocimiento y Aprendizaje del BID.

Código para el Desarrollo permite acceder y reutilizar distintos tipos de herramientas digitales que ya han sido utilizadas con éxito en proyectos de desarrollo apoyados por el BID o gobiernos de la región, como HydroBID, un sistema integrado para simular el impacto de aspectos como el cambio climático o la población en los recursos hídricos de distintas cuencas de América Latina y el Caribe; o SmartMap, una plataforma web que permite visualizar, analizar y superponer datos geográficos.

También permite que los gobiernos y los ciudadanos puedan compartir sus herramientas digitales o código abierto para que otros lo puedan aprovechar.

“El software es una herramienta fundamental para el diseño e implementación de proyectos y programas. Con Código para el Desarrollo, desde el BID buscamos consolidar nuestro compromiso con el uso y promoción del conocimiento abierto, así como acelerar el diálogo sobre cómo la tecnología puede impulsar el desarrollo de América Latina y el Caribe”, agregó Basañes.

Los usuarios más avanzados y los desarrolladores podrán también descargar el código fuente almacenado en la cuenta del BID en GitHub y crear nuevas versiones adaptadas a las necesidades de cada uno. Además, la plataforma también está abierta a las aportaciones de código abierto por parte de gobiernos y ciudadanos comprometidos con la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas de desarrollo de América Latina y el Caribe.

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.

Para conocer más sobre Código para el Desarrollo, visite code.iadb.org.

También déjeme contarle que Bradley Birkenfeld fue un director de banca privada de UBS en Ginebra, Suiza. Estaba a cargo de atender a clientes estadounidenses de elevado patrimonio neto, manteniendo sus activos en las entonces notorias cuentas numeradas secretas suizas. En 2007, después de varios intentos infructuosos en UBS por cambiar sus prácticas de flagrante evasión fiscal de miles de millones de dólares, Birkenfeld hizo una denuncia a varias agencias norteamericanas: el Servicio de la Renta Interna (IRS), el Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Senado de los Estados Unidos, pero recibió reacciones mixtas. Después de una larga batalla jurídica, Birkenfeld fue el único banquero de UBS enviado a la cárcel (por 30 meses) por el DOJ. Unas semanas después de salir en libertad, el IRS otorgó a Birkenfeld una compensación de 104 millones de dólares, la mayor de la historia.

Así, después de un exitoso lanzamiento en los Estados Unidos, las memorias tituladas “LUCIFER’S BANKER” (“EL BANQUERO DE LUCIFER”) (http://www.lucifersbanker.com), de Bradley Birkenfeld, el hombre que denunció a UBS, son muy codiciadas por editores de libros en todo el mundo.

FinanzBuch Verlag, de Alemania, publicó la versión en alemán “DES TEUFEL’S BANKER” el pasado 10 de abril de 2017 en Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza. “Nos sentimos muy orgullosos de ser los primeros en publicar la versión en alemán del Banquero de Lucifer en Europa”, expresó Christian Jund (presidente de FBV). Varios acuerdos internacionales de publicación ya se han firmado o están en proceso de concretarse en los siguientes países: Francia, Grecia, Italia, Japón, Polonia, Rumania, Rusia, España y Tailandia.

Birkenfeld se ha asociado con el probado veterano de los medios del sector Martin Schuermann, junto con la agencia de talentos de primera Creative Artists Agency (CAA) para desarrollar programas de televisión con guión y sin guión sobre la historia épica de Bradley.

EL BANQUERO DE LUCIFER ofrece una visión sin precedentes a las prácticas secretas de la banca privada suiza y a la red mundial de política, corrupción y dinero a través de los ojos de un valeroso denunciante que se enfrentó al mayor banco y al mayor gobierno del mundo y al final ganó.

Por otra parte,  FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), el fideicomiso de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México, anunció la aprobación de las propuestas presentadas ante la asamblea anual y extraordinaria de tenedores.

Aproximadamente 78.7 por ciento de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) fueron representados en la asamblea.

Las cinco resoluciones aprobadas en asamblea ordinaria por mayoría fueron las siguientes: Ratificación del nombramiento de los Miembros Independientes (propietarios y suplentes) del Comité Técnico y calificación de su independencia de conformidad con la ley aplicable; Ratificación de la remuneración de los Miembros Independientes (propietarios y suplentes) del Comité Técnico; Estados Financieros anuales auditados de 2016; Reporte Anual de 2016; y Designación de delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones.

En asamblea extraordinaria se aprobó por mayoría el programa de recompra de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs).

FIBRA Prologis es el fideicomiso de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 31 de marzo de 2017 FIBRA Prologis consistía de 194 inmuebles destinados a logística y manufactura en México, en seis mercados industriales del país, con una Área Rentable Bruta total de 34.2 millones de pies cuadrados (3.2 millones de metros cuadrados); pero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricio_conde@msn.com